Imagen del inicio de las obras de modernización de los sectores X y XI.
Las obras de modernización de las 6.800 hectáreas de regadío en los sectores X y XI del Canal del Flumen ya están en marcha. Se trata de una actuación polémica, que cuenta con la oposición de la comunidad de riego vecina, la A-19-20, al afectar a una parte de sus tierras, ubicadas en Huerto y Salillas, donde está previsto situar las dos balsas de agua proyectadas y parte del trazado de las tuberías.
El pleito entre unos y otros regantes ha llegado a la Audiencia Nacional, a la que han sido elevados varios recursos, que todavía deben ser dirimidos. Además, las prospecciones realizadas sobre el terreno han hallado restos arqueológicos que han sido objeto de varios estudios.
Los agricultores de Huerto y Salillas han protagonizado casi una decena de concentraciones, la última frente al Congreso de los Diputados, en las que han mostrado su oposición a un proyecto que afecta de forma directa a sus tierras y que creen que «hipoteca» el futuro de sus pueblos. Para el colectivo, «existen alternativas que son beneficiosas para todos» y que pueden evitar las afecciones sobre sus tierras, ya modernizadas y en producción, señala el portavoz de la comunidad A-19-20, Jesús Viñuales. Por ejemplo, entre ellas, plantea la creación de un parque fotovoltaico como fuente de energía para alimentar los riegos de la comunidad vecina.
La inversión de la modernización de los sectores X y XI asciende a 55 millones de euros y está financiada con Fondos Europeos Next Generation, a través del convenio suscrito entre el Ministerio de Agricultura y la empresa pública Seiasa. El objetivo es sustituir el actual sistema de riego con motores de diésel por un sistema alimentado por presión natural, eliminando los costes energéticos y reduciendo las emisiones de CO2.
Desde las comunidades de regantes de los Sectores X y XI del canal del Flumen, insisten en que el proyecto planteado «es sostenible en lo económico y en lo ambiental imprescindible para seguir viviendo en pequeños pueblos como San Lorenzo del Flumen, Capdesaso o Albalatillo». Además, sus responsables aseguran que los hechos contradicen las «innumerables falsedades que se han dicho y publicado sobre este proyecto». Niegan que existan medidas cautelares impuestas por la Audiencia Nacional y que conlleven la paralización de las obras, tal y como evidencia su arranque, y además, señalan que en el lugar donde están proyectadas las balsas «no ha aparecido ningún resto arqueológico en las catas realizadas» y por lo tanto, «en esa zona no hay ninguna limitación para trabajar», indica el presidente del sector XI, César Trillo, añadiendo que el proyecto sí que contempla la construcción de una doble tubería por un terreno sobre el que hay que seguir prospectando para que no haya ningún tipo de afección.
Según los datos que manejan desde los sectores X y XI, los propietarios de 14 hectáreas de terreno -justo la mitad de la superficie que ocuparán las balsas- ya han firmado de mutuo acuerdo la expropiación de sus tierras por un precio de 63.000 euros por hectárea. Con el resto de propietarios no se ha llegado a ningún acuerdo, pero ya se ha ejecutado la expropiación al precio marcado por la administración pública.
El Ayuntamiento de Huerto ha recibido la notificación del inicio de las obras por parte de Seiasa, a la que tiene previsto solicitar una reunión con el fin de dirimir varias cuestiones, entre ellas, la necesidad de que garanticen el mantenimiento de los caminos situados en el entorno de los trabajos previstos como la movilidad de la población.
