La modernización del regadío incrementa la producción de la tierra y por lo tanto, su rentabilidad económica. También permite un uso más eficiente del agua, mejora la calidad de vida del profesional y posibilita la diversificación de cultivos. Sus ventajas son de sobra conocidas, pero el proceso es costoso y en algunos casos, resulta inasumible para el pequeño propietario, que acaba optando por la venta y que ve roto uno de sus lazos de unión con su lugar de origen.
La reciente aprobación de la modernización de 3.000 hectáreas de Robres, Senés y Frula -integradas en la comunidad de regantes Collarada- deja ver las dos caras de este proceso. De hecho, algunos de los pequeños propietarios afectados ya han clavado en sus lotes el cartel de Se Vende. Y lo han hecho con pesar, ya que son tierras heredadas de sus padres y por lo tanto, con un gran valor sentimental.
La votación ya evidenció la división existente. La modernización fue aprobada con el apoyo del 74%. Un 26% estuvo en contra. Dentro de este grupo, entre otros, figura Ramiro Higuera, vecino de Frula, que se muestra crítico con los costes del proyecto y además, pone en duda que sirva para asentar población. En su opinión, el proceso «dejará las tierras en manos de unos pocos y desligará a otros de sus pueblos».
El principal motivo de su postura es su coste económico. De hecho, según detalla, «los gastos son imposibles de afrontar solamente con el fruto de la tierra». La inversión es de 24,9 millones de euros (IVA incluido) y está financiada al 50% por Seiasa. La amortización se alargará 50 años. Durante los primeros 25, los propietarios responderán frente a las entidades bancarias y durante los 25 siguientes, frente a la empresa pública Seiasa. En 2021, el coste será de 3 euros por hectárea y en 2022, de 98. El tercer año el agricultor pagará 175 euros, el cuarto, 150, y el quinto, 145. De 2026 al 2048, el coste será de entre 250 y 280 euros y desde el 2049, de 175.
Al pago del hidrante a 50 años, hay que añadir el amueblamiento de las parcelas, que ronda los 7.000 euros por hectárea y que cada propietario deberá desembolsar de forma inmediata. Aquí hay una importante diferencia entre el agricultor profesional, que apuesta por la modernización, y el propietario jubilado o con una actividad laboral diferente. Y es que los primeros pueden acogerse a las subvenciones de la administración y los segundos, no.
Aquellos propietarios que rehúsan el proyecto, también insisten en el incremento del precio de la luz, que, según detallan, «será cuatro veces mayor al actual». La modernización de Robres, Frula y Senés conlleva la construcción de cuatro balsas, dos a pie de canal y dos de copa. Todas ellas con estación de bombeo. Desde la directiva de la propia comunidad, se reconoce que el coste eléctrico será elevado y por ello, están estudiando la posibilidad de instalar placas fotovoltaicas con el fin de no depender en exclusiva de la red.
Los propietarios en contra del proceso insisten en buscar alternativas al proyecto y reconsiderar los costes planteados, incidiendo en que «sería como comprar de nuevo los campos al doble de su precio». «Unos campos -insisten- que tanto esfuerzo costó conseguir a los agricultores de primera generación en esta tierra árida de los Monegros y que permitieron un equilibrio entre tierra y familia». «Debemos evitar que este equilibrio se rompa reconsiderando el coste del proyecto e impedir que nuestros agricultores abandonen su bien más preciado: su tierra», concluyen.
Desde la parte a favor, se recuerda que la modernización también revaloriza la tierra de cara a su venta o alquiler y además, es el único camino hacia el futuro, siempre que se apueste por una agricultura sostenible desde el punto de vista social, económico y medioambiental.
