Las obras de modernización de la comunidad de regantes El Molinar del Flumen ya han terminado. La directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal, ha sido la encargada de este jueves de entregar las obras de la última fase, que ha supuesto una inversión de 10,4 millones de euros y que ha consistido en la creación de una estación de bombeo, instalaciones eléctricas y un sistema de telecontrol, lo que mejorará la eficiencia hídrica y energética.
El acto ha tenido un sabor agridulce para los agricultores reunidos. En total, son 450 propietarios de 4.800 tierras de los municipios de Barbués, Sangarrén, Torres de Barbués y Almuniente. Y es que el proceso ha sido más largo y costoso de lo previsto. Se inició en 2012 y por lo tanto, ha llevado 12 años completarlo. Y es que entre 2012 y 2017 estuvo prácticamente parado, con el abandono de varias empresas, lo que derivó en demoras, pleitos y dificultades.
El último empujón se obtuvo hace dos años, con la concesión de fondos europeos, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que ha permitido llevar a cabo esta última fase y por fin, finalizar las obras. Ahora mismo, solo resta acabar la balsa de cota, que entrará en funcionamiento en cuestión de días, según ha explicado el propio presidente de la comunidad, José Ángel Lample.
Las obras han sido las primeras en entregarse a nivel nacional de las 96 incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cofinanciado a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea. «Se merecían ser los primeros», ha dicho el presidente de Seiasa, Francisco Rodríguez Mulero, haciendo mención al «largo y tortuoso» camino recorrido por los agricultores de esta zona norte de Los Monegros.
Los asistentes han mostrado su satisfacción, pero comedida, por el sobrecoste y las demoras. «Se trata de un día esperado porque por fin se acaban las obras. Ahora bien, nuestra alegría no es plena, ya que llegan tarde y con un gran sobrecoste», ha señalado uno de los afectados, José Ignacio Bailo, agricultor de Barbués. «Por fin, están los hidrantes en los campos y vamos a poder aspirar a unos rendimientos más altos, ahorrar agua y energía, pero con una hipoteca de 450 euros por hectárea y año», ha añadido.
También ha lamentado el gran sobrecoste otro de los regantes, Miguel Ángel Barrio, vecino de Valfonda de Santa Ana, señalando que la inversión final asciende al doble de la esperada. «Va a ser muy complicado de costear», ha dicho, aunque reconociendo que es el único camino posible y resaltando el importante ahorro energético y de agua.
Precisamente, la directora general de Desarrollo Rural del Ministerio ha puesto el acento en los beneficios del proyecto de modernización y, en especial, en las obras desarrolladas en la última fase. En su opinión, «hay dos puntos esenciales, uno es la estación de bombeo, que permite eliminar los motores diésel que estaban funcionando, y por lo tanto, ahorro energético, rentabilidad para los regantes y mejoras para el medioambiente; y luego, el sistema de teledetección, que permite una gestión más eficiente del agua y de los insumos», ha dicho.
El proyecto de modernización completo ha sido ejecutado en varias fases. De hecho, hay una parte de los regantes que ya llevan varios años con sus tierras modernizadas y por lo tanto, regando por aspersión. El resto lo está haciendo esta campaña.
En la primera, se desarrollaron las infraestructuras de distribución, estación de bombeo, sistema de telecontrol y tomas de riego en parcela que abastecen a las 1.230 hectáreas de la zona regable que se encuentran en la margen izquierda del río Flumen. Posteriormente, se diseñaron y ejecutaron las tomas de agua del Canal del Flumen y las balsas de regulación que abastecen a la totalidad de la zona regable.
En la fase II, con una superficie regable de 3.643 hectáreas, se desarrollaron las infraestructuras de distribución y tomas de riego en parcela de la zona regable situada en la margen derecha del río Flumen.
Más de 450 millones para Aragón
En el conjunto de Aragón, y durante el periodo 2021-2027, el Ministerio de Agricultura va a invertir más de 450 millones de euros, tanto en obras de transformación como de modernización. Así, y en relación a las primeras, las fundamentales se llevarán a cabo en Monegros II, donde ya hay consignados 28 millones de euros, 14 en la zona de la comunidad Montes Negros con sede en Bujaraloz, a través de la tubería de Valdurrios, cuyas obras ya están en marcha, y 14,2 millones en la zona de Peñalba.
El resto son obras de modernización, que se llevan a cabo a través de Seiasa y que suman alrededor de 360 millones de euros, bien mediante el convenio tradicional o bien mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde entran los fondos Next Generation.
Protestas de los agricultores de Salillas
Durante el discurso de Isabel Bombal, un grupo de manifestantes ha ocupado un alto cercano a la nueva estación de bombeo. En su mayoría, han sido familias procedentes de la localidad de Salillas y dedicadas al sector primario, que han querido aprovechar su presencia para volver a mostrar su rechazo a un proyecto de modernización diferente, que afecta a la comunidad de regantes del sector X y XI. del Canal del Flumen y que conlleva la creación de dos balsas de agua en sus tierras de cultivo.
Los manifestantes han abucheado a la representante del Ejecutivo central y exhibido una pancarta con el texto: ‘Salillas no quiere embalses que dejen vacío su pueblo’. Para ellos, resulta «injusto» que se les expropien 45 hectáreas, la mayoría de regadío, para construir dos balsas que van en beneficio de otra comunidad.
Aunque reconociendo su legitimidad, Isabel Bombal ha lamentado que su presencia haya «empañado» un día «tan esperado» por los agricultores del Molinar del Flumen, invitándoles a canalizar su malestar por los cauces establecidos. También ha dicho estar «abierta» a escuchar sus quejas y reconducir la situación. Asimismo, la directora general de Desarrollo Rural ha explicado que el proyecto al que se oponen conllevará «indudables» beneficios económicos y sociales y además, ha señalado que cumple con todos los requisitos que exige la legislación comunitaria. En su opinión, «es la mejor solución técnica y ambiental, y lo digo categóricamente, ya que de otra forma no contaría con el aval de la Comisión Europea».