Los alcaldes de las localidades monegrinas directamente afectadas por la supresión de uno de los trenes de la línea Zaragoza-Lérida mantendrán una reunión el próximo jueves, con el fin de aunar posturas y evitar la pérdida de este servicio.
La supresión anunciada tiene su origen en la decisión del departamento aragonés de Vertebración del Territorio de dejar de financiar varios de los regionales de Renfe, después de que los servicios de intervención hayan puesto reparos a costear un servicio que es competencia del Estado y además, excede los límites de Aragón.
El tren que se pretende suprimir de la línea Zaragoza-Lérida cuenta con parada en las localidades monegrinas de Sariñena, Grañén y Tardienta y por su horario, está entre los más utilizados, al salir a las 6.10 y regresar a las 15.15. La decisión del Gobierno de Aragón también afectada a otros cuatro regionales, el que circula en días alternos entre Teruel y Valencia, dos de los cuatro diarios que cubren el trayecto Fayón-Caspe así como el que une los fines de semana Huesca y Jaca. De cumplirse lo previsto, todos los trenes afectados dejarán de circular a partir del 1 de mayo.
La reunión de alcaldes monegrinos tendrán lugar en Tardienta y contará además con la participación de representantes municipales de las otras dos localidades afectadas por el recorte de la línea Zaragoza-Lérida, Binéfar y Monzón.
El alcalde de Sariñena, Juan Escalzo, habla de la necesidad de crear «un frente común contra la supresión del servicio». «Hay que aunar posturas y hacer fuerza», señala.
También la alcaldesa de Tardienta, Miriam Ponsa, insiste en la importancia de trabajar «unidos» para evitar el recorte previsto, ya que «mermará la actividad de las estaciones afectadas y por lo tanto, complicará un poco más su futuro». «Nosotros nos debemos a nuestros vecinos y por ello, vamos a evitar entrar en quién o cómo debe financiarse el servicio. Si hay discusión entre administraciones, que resuelvan sus diferencias y que adopten acuerdos. La solución no puede ser eliminar el servicio, ya que va en contra del futuro de nuestras estaciones y de nuestros pueblos», ha señalado.
El alcalde de Grañén, Carlos Sampériz, tampoco oculta su malestar ante una decisión, que, en su opinión, solo se entiende en clave política, al rechazar el argumento de su alto coste o de la falta de competencias. De hecho, explica que el presupuesto del Gobierno de Aragón ya contempla un montante de 4 millones para cubrir servicios deficitarios y además, recuerda que existe una directiva europea en la que los trenes de Media Distancia «se califican como servicios esenciales». Para el edil, es incomprensible que el medio rural y por lo tanto, sus habitantes vuelvan a ser los «paganos» de maniobras políticas.
