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El Supremo retrasa su decisión sobre los bienes de Sijena

Deberá dar respuesta a los tres recursos de la Generalitat

Deberá dar respuesta a los tres recursos de la Generalitat

Parte de los bienes son visitables en el monasterio.


Los magistrados del Tribunal Supremo que debían fallar este jueves sobre los tres recursos de casación presentados por la Generalitat, el Museo de Lérida y el Museo Nacional de Arte de Cataluña contra la sentencia que ordenaba la vuelta de las 97 obras de Sijena han decidido elevar el asunto al Pleno de la Sala de lo Civil, con el objetivo de que sea visto también por los diez magistrados que forman parte de esta sala. Por ello, ha sido señalada nueva fecha: el 25 de noviembre, cuando se espera que tenga lugar el fallo definitivo que ponga fin a un pleito histórico por el arte sacro.

 

Los abogados del Gobierno de Aragón, Alberto Gimeno, y del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, consideran que es muy posible que esta decisión busque «sentar doctrina» sobre la extensión de los escritos de casación, ya que los tres recursos catalanes triplicaban las 25 páginas permitidas y en consecuencia, vulneraran los requisitos establecidos, dejando además a la otra parte en «desigualdad de armas», ya que los letrados aragoneses se ajustaron a lo establecido.  Para sentar doctrina es necesaria la participación del pleno de la sala, es decir, de los diez magistrados.

 

Los letrados aragoneses apelaban en sus escritos varias de las cuestiones que deja clara la sentencia que ordenó la vuelta de las 97 obras y que fue emitida en 2015: la indivisibilidad del monasterio, que está protegido por la declaración de Monumento Nacional desde 1923, así como en el hecho de que las ventas de las 97 piezas fueron «simuladas e irreales». De hecho, Cataluña no ha sido capaz durante todo el proceso de aportar ningún justificante de pago de las obras. Los letrados aragoneses también señalan que las operaciones de compraventa se llevaron a cabo sin las autorizaciones de las administraciones competentes (Ministerio de Cultura en 1983 y del Gobierno de Aragón en 1992 y 1994)  y que los contratos fueron firmados por la priora de Valldoreix, Pilar Sanjoaquín, que carecía de potestad legal sobre los bienes. De hecho, las obras no eran suyas sino de la Comunidad de Sijena.

 

De las 97 piezas regresaron 95 (dos fueron extraviadas por Cataluña) y de ellas, 44 lo hicieron con el auxilio de la Guardia Civil y en plena aplicación del artículo 155, lo que causó un importante revuelo social y político. La operación fue ordenada ante los reiterados incumplimientos de entrega de la Generalitat.

17/10/2020

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